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La norma jurídica

04 jun

  a. Concepto de la norma jurídica

 Por norma se entiende la pauta de conducta externa de naturaleza obligatoria, dirigida a una persona en lo particular o a un grupo colectivo por quien tiene la autoridad para imponer sus determinaciones y hacerlas cumplir.

 b. La estructura de las normas

 La norma jurídica se compone de dos elementos esenciales: una hipótesis de conducta y una consecuencia legal.

 La hipótesis de conducta o hipótesis normativa es la descripción de una situación, cualidad o hecho de cuya actualización depende el cumplimiento de la consecuencia jurídica.

 La consecuencia jurídica puede imponer un deber de actuación, conceder el goce de un derecho, o aplicar una sanción.

 c. La teoría de Kelsen

Kelsen concibe al Derecho desde un punto de vista puramente formal. La norma de Derecho es válida porque depende de un proceso de formación válido. Para ello él parte del supuesto o hipótesis fundamental que hay una norma fundamental básica y primaria que sienta las bases de todo el sistema jurídico y le da validez: la Constitución.

Dado que la Constitución señala el procedimiento de formación de las leyes y los principios de integración e interpretación de las normas, toda disposición formulada de acuerdo a este procedimiento es válida. Así mismo, como hay una norma válida que señala los nombramientos y facultades de los jueces, y que éstos deben apegarse a la normatividad válida, pueden resolver los conflictos y hacer que sus determinaciones tengan fuerza y obligatoriedad.

 Por lo tanto, todas las normas son válidas porque las normas superiores a ellas y que influyen en su formación o aplicación son válidas. Y la última norma, que da validez a todas las demás es válida por sí misma, y no requiere que ninguna otra le dé validez.

 Por otra parte, para Kelsen sólo son normas completas las que se integran por una hipótesis normativa y una sanción. Las demás, las que son de tipo descriptivo o que confieren derechos o imponen obligaciones pero no imponen sanción alguna son sólo “partes de normas”, que se actualizan y completan cuando es necesario aplicar las normas completas y sancionadas. Esto es en virtud de que, para Kelsen, el Estado es una agrupación social ordenada, y el Derecho es el instrumento para mantener ese orden: por lo tanto, sólo es verdaderamente Derecho el que tiende a mantener ese orden sancionando las conductas que lo contravengan.

 d. Teorías críticas a la teoría Kelseniana: el positivismo ingles, el realismo jurídico americano y el escandinavo

 Contra el rigorismo de Kelsen se crea una especie de escepticismo jurídico, como una actitud opuesta al formalismo ante las normas y los conceptos jurídicos. En efecto, la dogmática europea se apega a creer tan devotamente en la ley que si, al suponer que el legislador es racional, existieran leyes contradictorias, esta contradicción es meramente aparente, pues el “verdadero sentido” de las mismas sería aplicable a ámbitos independientes para cada una.

 No obstante, los juristas del common law apuntan que las normas no se constituyen por el acto deliberado de un legislador, sino en las decisiones judiciales, en los precedentes. No importa que en la legislación se haya aplicado “la razón”, las normas siguen sufriendo toda la imperfección del lenguaje ordinario y la vaguedad que impliquen los términos puedan tener, sin poder eliminarla del todo.

 Además, contra la generalidad de las normas, el legislador no puede ser omnisciente, y por tanto quedan casos sin regular, y casos en los que se da una interpretación distinta a la que se les hubiera dado si se hubieran tenido en cuenta.

 Por ello, Lewellyn, por la parte escandinava, afirmó que las “reglas son importantes en la manera en que nos ayudan a predecir lo que harán los jueces”.

Por parte del realismo americano, el juez Holmes expone que “Si queréis conocer el derecho y nada más, mirad el problema con los ojos del mal hombre… ¿qué es el derecho? Encontraréis que ciertos autores os dicen que es algo distinto de lo que deciden los tribunales de Massachussets o de Inglaterra, que es un sistema de la razón, que es deducción a partir de principios de ética o axiomas universalmente aceptados… Pero si aceptamos el punto de vista de nuestro amigo el mal hombre, veremos que a éste le importan un bledo los axiomas o las deducciones, o cosa parecida, pero en cambio le interesa saber qué es lo que en efecto han de resolver probablemente los tribunales de Massachussets o de Inglaterra… Entiendo por ‘derecho’ las profecías acerca de lo que los tribunales harán en concreto…”

A pesar de estas exposiciones que tratan de bajar el derecho a la vida real y las situaciones concretas, ¿qué pasa con el hombre bueno, que quiere cumplir con su deber independientemente de las consecuencias? Ahora bien, el derecho que “predice lo que harán los jueces”, ¿es el derecho o el estudio del derecho? Parece evidente, que aunque no se den cuenta de ello, estos autores en realidad hablan de la ciencia del derecho, y no del derecho en sí.

Las decisiones judiciales, en última instancia, están basadas en determinados pronunciamientos de cumplimiento obligatorio. Los mismos jueces dicen que al formular sus normas, no proceden arbitrariamente, sino que aplican el derecho, es decir siguen ciertas pautas generales, a las que denominamos normas jurídicas.

e. Los predicados de las normas jurídicas: validez y eficacia

En este apartado sólo cabe decir que la validez y la eficacia de las normas jurídicas no siempre coincide en razón de que la primera es una cualidad formal de las mismas y la segunda su actualización o actuación. En otras palabras, no es lo mismo que la ley sea ley válida y vigente, y que la ley se cumpla.

Es válida la norma formada por un proceso legislativo determinado y seguido a través de todas sus fases esenciales hasta que entre en vigor. La norma por otra parte que ha perdido su vigor porque ha sido derogada o reemplazada por otra, sigue siendo norma jurídica pero ya no es válida, ni mucho menos eficaz

En cambio, la norma jurídica no es siempre y por necesidad eficaz. Puede ser que una norma válida no produzca las consecuencias que estaba destinada a tener, sea porque pueda ser renunciada por las personas que intervengan en su exigibilidad, o porque estableciendo un derecho de acción, ésta no sea invocada, o no se actualice su hipótesis. Ejemplo de lo primero son las cláusulas accesorias de un contrato; de lo segundo, que las partes no invoquen la nulidad de un acto jurídico, pudiendo hacerlo, porque deciden que el acto siga surtiendo sus efectos; en tercer lugar, se puede tomar el ejemplo que en una compraventa, aunque la parte vendedora se obligue al saneamiento por evicción, nunca se ejercite la acción reivindicatoria en contra del comprador, y por tanto esta cláusula sea ineficaz para ese determinado acto.

Otro ejemplo de la ineficacia de una norma jurídica porque no se cumpla la hipótesis establecida es que la norma establezca un beneficio para quien reúna determinadas cualidades. Si ésta persona no invoca la norma ante la autoridad competente, no aprovechará el beneficio contenido en ella.

Por último, puede ser que una norma disponga que la parte que dé lugar a la rescisión de un contrato pague además los daños y perjuicios generados, pero no teniendo el deudor los medios para hacer este pago, la norma resulta ineficaz por el principio que nadie está obligado a lo imposible. Asimismo puede atenderse a la teoría de la imprevisión que rige en el derecho civil para los casos en que obligaciones civiles se vuelvan de imposible cumplimiento por causas que las partes no podían haber previsto en el momento en que surgió la obligación.

f. Norma y proposición jurídica (lenguaje prescriptivo y lenguaje descriptivo)

Este esquema divide a la normatividad en dos modalidades. En la primera, la norma es definida como lenguaje prescriptivo en tanto que impone una sanción o una obligación, esto es, señala una conducta que debe ser realizada. Por otra parte, algunos consideran que las normas que no se refieren a señalar una conducta a seguir y son sólo meramente descriptivas deberían denominarse meramente proposiciones jurídicas, esto es, enunciados descriptivos que están enmarcados dentro del sistema jurídico, pero que no tienen tampoco más fuerza obligatoria que cuando se requieren para actualizar la norma entendida como lenguaje prescriptivo.

 Un ejemplo de la norma como lenguaje descriptivo, o como mera proposición jurídica, es: “El que priva de la vida a otro comete el delito de homicidio”. El lenguaje prescriptivo, en cambio, sería: “Al que cometa el delito de homicidio se le impondrá una pena de cinco a veinte años de prisión.”

En este caso, vale la opinión de Kelsen de que las descripciones normativas no son normas en sí, sino que son normas incompletas, puesto que no se deducen de sí mismas sus consecuencias jurídicas, sino que se complementan por las consecuencias que se encuentran referidas a dichas descripciones.

Ahora bien, dentro del lenguaje normativo, las proposiciones jurídicas y las definiciones legales no son meras descripciones, porque en algunos casos restringen su utilidad a determinados casos, a regímenes particulares o a situaciones análogas a otras principales. En realidad la función de las definiciones legales no es “definir” lo que un concepto jurídico “expresa” sino señalar el ámbito de aplicación que le corresponde.

En otro lugar mencioné el ejemplo de la definición de “enajenación” y las exclusiones que se hacen. En ese caso se hizo referencia al Código Fiscal de la Federación por lo que esa definición es útil para el ámbito del derecho tributario, y en algunos casos para el administrativo. Sin embargo, en el derecho civil, pueden comprenderse casos que no encuadren en los supuestos indicados por el Código Fiscal y aún así tratarse de “enajenación”.

En este caso es muy claro que el concepto definido por la proposición legal no restringe su uso en el derecho en sí, sino solamente en un ámbito específico. De igual manera, el “fraude” tiene connotaciones distintas en el derecho civil y el penal. E inclusive, cuando el derecho no “define” lo que debe entenderse por determinado concepto, se supone el uso que se le debe dar, sin que se reduzca la utilidad que tenga en el sistema; por ejemplo los conceptos de persona, que corresponde definir a la filosofía, antropología, sociología, psicología, medicina y ética, o el concepto de Estado, que corresponde a la ciencia política.

En este sentido, la utilidad del sistema kelseniano reside en la “identificación” de las normas jurídicas en cuanto pertenecientes al sistema, sea que se trate de “normas” o de “proposiciones jurídicas”, pues en tanto éstas complementan a las primeras permiten que el propio orden legal sea más preciso y que sus efectos sean aprehendidos con mayor claridad.

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Publicado por en junio 4, 2010 en Teoría del Derecho

 

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